Contribución de la sociedad civil al fin de las epidemias de TB, VIH, ITS y hepatitis virales para el 2030


INTRODUCCIÓN

Una sindemia ocurre cuando dos o más epidemias que comparten factores sociales coexisten en un mismo lugar durante un mismo período, de modo que se retroalimentan entre sí y acaban interactuando y causando secuelas complejas en las comunidades y poblaciones que las padecen. Las sindemias obligan a diseñar estrategias no sólo relacionadas con la salud de las personas en términos de morbimortalidad, sino también en lo que respecta al desarrollo psicosocial y económico de las personas afectadas, sus familias y sus comunidades. Por tal motivo, la sindemia caracterizada por la coexistencia de la TB, el VIH, las ITS y las hepatitis virales debe reconocerse y abordarse a partir de la potenciación del daño que estos producen en el contexto social, político y económico en que emergen y se desarrollan.

Para dar una respuesta integral que tenga como meta la eliminación de estas epidemias, es imprescindible poner en práctica un abordaje que contemple las características comunes que vinculan esta sindemia a la política, la pobreza, la discriminación y la violencia, además de conocer las barreras al acceso y utilización de los servicios de salud, entre otros factores. Esta complejidad exige articular las actividades de todos los actores interesados, pero principalmente destaca el rol central que deben desempeñar las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan. Para que sea exitosa, una estrategia nacional de eliminación debe incluir activamente a las personas con TB, VIH, ITS y hepatitis virales, a las organizaciones de mujeres, de jóvenes y de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), a las trabajadoras sexuales, a las personas usuarias de drogas, a los migrantes, a los afrodescendientes, a los indígenas (las poblaciones originarias), a las poblaciones en contexto de encierro, privadas de libertad y en el sistema penitenciario, y a las organizaciones que trabajan en TB, VIH, ITS, hepatitis virales.

Esta es la perspectiva que se propone en el principio de mayor involucramiento de las personas afectadas (MIPA). Este principio tiene como objetivo visibilizar los derechos y las responsabilidades de las personas con VIH, incluido su derecho a la libre determinación y a participar en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas. Desde esta perspectiva, el MIPA también está dirigido a mejorar la calidad y la efectividad de la respuesta al sida.

Desde nuestra experiencia como poblaciones afectadas hemos construido acercamientos integrales a la salud que nos consideren más allá de las infecciones potenciales y de nuestras prácticas. Durante muchos años, las investigaciones y los programas de atención se centraban en los dispositivos biomédicos, como la realización de la prueba del VIH o la distribución de condones. Las poblaciones éramos solo estadísticas sin posibilidad de ser tomadas en cuenta para intervenir en nuestra propia realidad.

¿Por qué no es suficiente este enfoque de salud centrado en la biología? Hemos aprendido que la mejor manera de avanzar en una respuesta es eliminando el estigma y la discriminación en la sociedad en general, y sobre todo en los servicios de salud mismos. Es necesario entender la vulnerabilidad a la que nos exponen los prejuicios, la clandestinidad y la violencia contra algunas poblaciones, como las trabajadoras sexuales o las personas LGBTI, los migrantes, los indígenas y las personas en situación de calle. Una de las maneras de hacerlo es visibilizando las situaciones en que se violan nuestros derechos humanos.

Hemos demostrado que el camino de invertir directamente en las poblaciones da resultados y frutos sostenibles, ya que estas pasan de ser sujetos pasivos a ser protagonistas empoderadas y a participar de manera activa en las respuestas a la sindemia. Esto permite construir una sociedad que en verdad respete la diversidad y la autonomía de las personas, lo que garantiza la remoción de las barreras que impiden acceder a los servicios de salud, desde un enfoque de respeto a nuestros derechos.

La propuesta que se describe aquí está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente con el ODS 3, que se refiere a la salud y el bienestar. En la Agenda de Desarrollo Sostenible aprobada por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015 se establecen 17 objetivos y 169 metas para el año 2030. En la meta 3.3 se expresa lo siguiente: “Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles”. La propuesta también se vincula con la Declaración política de la reunión de alto nivel sobre la cobertura sanitaria universal, aprobada por las Naciones Unidas en septiembre de 2019, y con la Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, que los países miembros de la OPS aprobaran en 2014. Cuando en 2020 se establezcan las metas de la Declaración antes mencionada, ellas deberán estar alineadas con la meta 3.3 de los ODS y ser claras en cuanto al rol central que las organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria deben cumplir en la tarea.

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